En España, el desperdicio de alimentos es un problema que afecta tanto al medioambiente como a la economía y la justicia social.
Con esto en mente, el Gobierno ha impulsado la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria. A continuación profundizamos sobre este tema.
Durante este proceso, se han presentado una serie de enmiendas clave que buscan mejorar el contenido de la ley y adaptarla a las diferentes realidades de los actores involucrados.
Hoy, exploramos las cinco enmiendas más controvertidas de la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario y lo que implican para nuestro futuro.
Definición de desperdicio alimentario y pérdidas de alimentos.
Uno de los puntos más discutidos es la definición precisa de «desperdicio alimentario» y «pérdidas de alimentos».
Motivo de la Controversia: Existe debate sobre la precisión y claridad de los términos «desperdicio alimentario» y «pérdidas de alimentos». Varias enmiendas buscan armonizar la definición para abarcar de forma más amplia las situaciones que podrían considerarse desperdicio o pérdida. Esto es esencial porque una definición ambigua podría dificultar la aplicación de la ley y la identificación de responsabilidades.
Razón: La correcta comprensión y delimitación de estos conceptos es fundamental para evitar interpretaciones erróneas y asegurar una implementación justa y eficaz de la ley. La falta de claridad podría complicar la responsabilidad de los distintos actores, desde productores hasta distribuidores.
Jerarquía de Prioridades en el Uso de Alimentos no consumidos
Motivo de la Controversia: Aunque la ley establece una jerarquía clara para el uso de los alimentos no consumidos (priorizando el consumo humano, seguido por la alimentación animal y luego compost o biocombustibles), las enmiendas han propuesto modificar la prioridad para enfatizar la «prevención» como el primer enfoque. Algunos actores consideran que prevenir la generación de desperdicio debe ser la meta primordial, más allá de su reutilización.
Razón: Se argumenta que, si la prevención es la prioridad, los actores deberían enfocarse en reducir la producción de excedentes desde el inicio, más que solo en cómo redistribuir lo que ya sobra. Este cambio podría implicar mayores cambios en los procesos operativos y económicos para toda la cadena alimentaria.
Flexibilización de las Obligaciones para las Microempresas
Motivo de la Controversia: Varias enmiendas sugieren que las microempresas (menos de diez empleados y bajo volumen de facturación) queden exentas de algunas de las obligaciones más estrictas de la ley, como la necesidad de tener un plan de prevención de desperdicios o de establecer convenios con bancos de alimentos.
Razón: Mientras que algunos consideran que las microempresas carecen de los recursos necesarios para cumplir con las mismas obligaciones que las grandes compañías, otros sostienen que eximirlas podría generar vacíos legales y reducir la efectividad general de la ley. Además, existe preocupación de que las excepciones puedan dar lugar a abusos o a que muchas empresas opten por quedarse en este umbral para evitar regulaciones.
Reducción del Umbral para las Obligaciones de Convenios con Bancos de Alimentos
Motivo de la Controversia: Actualmente, la ley obliga a las tiendas de alimentación con más de 1.300 m² de superficie a firmar convenios con bancos de alimentos para donar los productos próximos a caducar. Algunas enmiendas proponen reducir este umbral a establecimientos con una superficie de solo 400 m², similar a lo implementado en Francia y Portugal.
Razón: Los defensores de esta reducción argumentan que permitiría involucrar a un mayor número de actores y aumentar la cantidad de alimentos redistribuidos. Sin embargo, los críticos señalan que imponer esta obligación a tiendas más pequeñas podría suponer una carga operativa considerable, afectando su viabilidad económica y operativa.
Régimen Sancionador
Motivo de la Controversia: El proyecto de ley incluye sanciones económicas para los establecimientos que no cumplan con las medidas de reducción del desperdicio, con multas que pueden alcanzar hasta 60.000 euros. Algunas enmiendas buscan reducir el importe de estas sanciones, mientras que otras proponen incentivos más basados en la concienciación que en la coerción.
Razón: El enfoque punitivo se percibe por algunos como demasiado severo y contraproducente para la colaboración de las empresas. Los que se oponen a las sanciones fuertes argumentan que las multas podrían desincentivar a los actores a cumplir con la ley debido al temor a las represalias económicas, en lugar de motivar a adoptar mejores prácticas por razones éticas o sociales. También se argumenta que, para muchos negocios pequeños y medianos, estas sanciones podrían ser insostenibles económicamente.
A modo de reflexión
Estas enmiendas reflejan las diferentes maneras en que podemos abordar el desperdicio alimentario. La prevención, la concienciación y la responsabilidad compartida son temas recurrentes, y aunque las discusiones son complejas, son un paso necesario para construir un sistema alimentario más justo y eficiente.
La Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario promete un cambio importante en la forma en que España gestiona sus alimentos. Sin embargo, el proceso para lograr una ley justa y eficaz sigue abierto, y dependerá del equilibrio entre la eficiencia económica, la viabilidad operativa de los negocios, y la responsabilidad ambiental y social. Para reducir el desperdicio, todos debemos estar dispuestos a hacer un esfuerzo: productores, distribuidores, consumidores y autoridades.
¿Tú qué opinas? ¿Debe la ley enfocarse más en la prevención o en la sanción? ¿Cómo crees que podemos reducir el desperdicio en nuestro día a día? ¡Nos encantaría escuchar tu opinión en los comentarios!
Fuentes:
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